Aguakan bajo la lupa: Suprema Corte revisará amparo de su socio mayoritario
Redacción / Grupo Cantón Radio
La Suprema Corte atrajo el amparo de Jorge Eduardo Ballesteros Franco, socio mayoritario de Aguakan, contra una orden de aprehensión por presunto lavado de dinero relacionado con la concesión en Quintana Roo.
Ciudad de México.- Durante su sesión del Pleno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó atraer el amparo promovido por el empresario Jorge Eduardo Ballesteros Franco, socio mayoritario de Desarrollos Hidráulicos de Cancún (Aguakan), quien busca echar abajo una orden de aprehensión librada en su contra por presuntos delitos de lavado de dinero.
Fue el ministro Irving Espinosa Betanzo sometió este miércoles a votación el caso y propuso ejercer la facultad de atracción. Por unanimidad, el Pleno consideró que el asunto es de interés y trascendencia, por lo que el tema será turnado a una ministra o ministro para que elabore un proyecto de sentencia.
Ahora, el alto tribunal deberá determinar si, para librar una orden de aprehensión por el mencionado delito, debe primero existir una “denuncia” de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP), como lo ordena el artículo 400 bis del Código Penal Federal.
Cabe recordar que el 24 de febrero del 2025, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la orden de captura a un juez federal y esta fue concedida, dado que el Ministerio Público Federal presume que el empresario está relacionado con delitos de lavado de dinero relacionados con la prórroga de la concesión de Aguakan, así como de una contraprestación de mil 55 millones 999 mil 962 pesos a favor del Estado de Quintana Roo, cuando Roberto Borge Angulo fue gobernador en el periodo 2011-2016.
En su demanda de amparo, Ballesteros Franco también combate una probable ficha roja emitida por Interpol.
En primera instancia, un juez federal rechazó ampararlo, porque consideró que hay datos de prueba suficientes que hacen presumir su responsabilidad en el citado delito.
El juzgador también puntualizó que la orden de captura otorgada por un juez de control está fundada y motivada. Ante esta situación, interpuso un recurso de revisión, el cual fue admitido a trámite por un Tribunal Colegiado.
