Fosas clandestinas en México, una herencia negra
Redacción/ Grupo Cantón Radio
Entre 2006 y 2024, las fosas clandestinas se multiplicaron y extendieron por México, mientras colectivos de búsqueda enfrentan amenazas, discrepancias en los registros oficiales y una crisis forense marcada por miles de personas desaparecidas y restos aún sin identificar.
Ciudad de México, 28 de agosto de 2026.- A lo largo de casi dos décadas, el territorio mexicano ha experimentado una profunda transformación geopolítica marcada por la violencia criminal. La proliferación de fosas clandestinas no solo evidencia una crisis de seguridad sin precedentes, sino también el colapso operativo de las instituciones del Estado para salvaguardar la vida y garantizar la justicia a más de 134,000 personas desaparecidas registradas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).
Evolución sexenal: La expansión territorial de la violencia
El análisis histórico y documental revela que la estrategia de seguridad implementada en México desde el año 2006 desencadenó una metástasis de la violencia. Durante la administración federal encabezada por Felipe Calderón (2006-2012), las fiscalías documentaron un total de 524 fosas clandestinas, concentradas primordialmente en el norte del país como resultado directo de los operativos frontales contra los cárteles de la droga, afectando severamente a entidades como Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.
Posteriormente, en el sexenio de Enrique Peña Nieto (2013-2018), la incidencia experimentó un salto drástico al registrarse 1,336 fosas. La geografía del horror se desplazó hacia las regiones centro y sur, destacando estados como Veracruz y Guerrero, en un contexto de diversificación y fragmentación de las células delictivas.
Finalmente, durante el periodo gubernamental de Andrés Manuel López Obrador (2019-2024), la cifra alcanzó un máximo histórico sin precedentes con 3,292 fosas detectadas. Los especialistas señalaron que esta fase se caracterizó por una expansión masiva y generalizada en múltiples regiones, figurando Sonora, Guanajuato y Colima entre los puntos más críticos del mapa nacional.
Topografía de la ocultación: ¿Dónde se enterran los cuerpos?
Los informes técnicos y reportajes especializados indican que los perpetradores de estos crímenes aprovechan diversas características geográficas y territoriales para evadir la acción de la justicia. Las estadísticas demuestran que los predios privados, inmuebles urbanos o rurales y los caminos vecinales concentran el 73% de todos los espacios documentados.
El 27% restante de los hallazgos se distribuye en entornos naturales y de difícil acceso, tales como zonas montañosas, cerros, barrancas profundas, ejidos, márgenes de cuerpos de agua, terrenos agrícolas e incluso pozos abandonados. En circunstancias verdaderamente excepcionales y alarmantes, se han descubierto sitios de inhumación clandestina en parques infantiles y zonas recreativas públicas. Entre los municipios con mayor concentración de casos destacan Acapulco, Tecomán, Hermosillo, Veracruz y Ciudad Juárez.
La ciudadanía al frente: Colectivos de Búsqueda y Crisis Forense
Ante la ineficacia sistemática, la saturación institucional y la indolencia de las fiscalías locales y federales, han surgido agrupaciones civiles integradas principalmente por familiares de personas desaparecidas. Estos colectivos operan mediante recursos propios, plataformas colaborativas digitales y redes de solidaridad comunitaria. Organizaciones internacionales como la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) han documentado y respaldado la labor indispensable de estas brigadas.
Sin embargo, esta valiente labor conlleva costos humanos devastadores. Informes recientes advierten que al menos 44 activistas encargados de la búsqueda de fosas han sido asesinados o desaparecidos en el ejercicio de su labor entre 2010 y 2026. A pesar de las constantes amenazas, los colectivos lograron localizar más de 40 cuerpos adicionales durante los primeros meses de 2026.
El análisis comparativo entre las cifras reportadas por las fiscalías estatales y los registros periodísticos o ciudadanos evidencia profundas contradicciones. Por un lado, las dependencias gubernamentales reportan de manera global un 46% más de fosas que la prensa; no obstante, documentan un menor número de cuerpos exhumados. En entidades federativas específicas como Guerrero, Guanajuato, Sinaloa, Morelos y Jalisco, los registros independientes superan con creces las estadísticas oficiales, lo que confirma un subregistro institucional deliberado o negligente. Asimismo, se ha documentado un retroceso del 18.3% en los mecanismos de acceso a la información pública sobre fosas clandestinas durante el bienio 2024-2025, profundizando la crisis de un sistema forense nacional completamente colapsado por miles de restos humanos sin identificar.
