Mara Lezama deja en manos de la Fiscalía los detalles de la detención de Lili Campos
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Mara Lezama deja en manos de la Fiscalía los detalles de la detención de Lili Campos

La gobernadora de Quintana Roo señaló que corresponde a la Fiscalía General del Estado informar sobre el caso de la exalcaldesa de Solidaridad.

Cancún, 20 de noviembre de 2026.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa evitó profundizar en la detención de Roxana Lili Campos Miranda, expresidenta municipal de Solidaridad. Señaló que la Fiscalía General del Estado (FGE) es una institución autónoma y le corresponde informar sobre las investigaciones.

“Le toca a la Fiscalía dar a conocer los detalles”, expresó la mandataria al ser cuestionada sobre el caso. Lezama reiteró que su administración mantiene una postura de claridad y transparencia, pero dejó en manos de la institución ministerial el posicionamiento oficial.

Investigan contratos por más de 62 millones de pesos

La Fiscalía de Quintana Roo detuvo a Lili Campos en la Ciudad de México por su probable responsabilidad en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades. La investigación involucra presuntas irregularidades en contratos de lavado de vehículos municipales que habrían ocasionado un perjuicio superior a 62 millones de pesos.

De acuerdo con las investigaciones, durante su administración municipal, entre 2022 y 2024, se asignaron presuntamente de manera irregular tres licitaciones a un particular. Los contratos correspondían al lavado especializado de vehículos de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.

La Fiscalía detectó que el Ayuntamiento contaba con 123 vehículos, pero los registros reportaban hasta 865 lavados mensuales. La empresa contratada tenía únicamente 15 trabajadores.

Las autoridades también identificaron la falta de comprobantes fiscales digitales correspondientes a los primeros contratos, pese a que continuaron los pagos.

La FGE ejecutó la orden de aprehensión contra Campos Miranda en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La exalcaldesa enfrenta un proceso penal mientras las autoridades determinan su situación jurídica.

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