Gobierno federal aclara que bloqueo a cuentas de Rubén Rocha Moya es una medida preventiva
MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum defendió este lunes la actuación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) luego del congelamiento de cuentas bancarias de 10 funcionarios y exfuncionarios mexicanos señalados por autoridades de Estados Unidos de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la medida aplicada contra Rubén Rocha Moya y otros funcionarios no constituye una sentencia ni una investigación penal directa del gobierno mexicano, sino un mecanismo preventivo derivado de protocolos financieros internacionales.
Sheinbaum señaló que los bancos mexicanos activaron alertas automáticas tras conocerse órdenes de aprehensión y acusaciones presentadas en Estados Unidos contra los involucrados.
“Los bancos, por sus mecanismos de cumplimiento y corresponsalía internacional, toman medidas preventivas y la UIF procede conforme a la normatividad vigente”, afirmó la presidenta.
Entre los señalados se encuentran el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; el exsecretario de Seguridad Pública estatal, Gerardo Mérida Sánchez; el secretario de Finanzas, Enrique Díaz Vega, y el senador morenista Enrique Inzunza.
Las autoridades estadounidenses los acusan de colaborar con la facción de “Los Chapitos” mediante protección institucional y presuntas redes de corrupción vinculadas al narcotráfico y tráfico de armas.
Por su parte, la UIF informó que el congelamiento de cuentas es una acción administrativa preventiva basada en reportes bancarios denominados “LPB 24 Horas”, utilizados para detectar operaciones que pudieran representar riesgos para el sistema financiero mexicano.
El organismo reiteró que las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas mantienen su derecho de audiencia y pueden recurrir legalmente la medida.
El caso ha generado una fuerte presión política sobre Morena y el gobierno federal, debido a la gravedad de las acusaciones formuladas desde Washington contra figuras cercanas al poder estatal en Sinaloa.
