Congreso de Nuevo León avala juicio político a Samuel García
Redacción / Grupo Cantón Radio
Nuevo León, 12 de junio de 2026.- La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó este viernes, por mayoría de votos, la procedencia de un juicio político contra el gobernador Samuel García Sepúlveda, al considerar viable una denuncia relacionada con presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.
La decisión fue respaldada por legisladores del PAN, PRI y por la diputada Grecia Benavides, coordinadora de la bancada de Morena. En contraste, Movimiento Ciudadano votó en contra del acuerdo, mientras que algunos legisladores morenistas y del Partido Verde no participaron en la sesión, situación que generó críticas por parte de la oposición.
La denuncia señala una presunta triangulación de recursos públicos mediante contratos otorgados a un despacho jurídico y fiscal vinculado con familiares del mandatario estatal. De acuerdo con los promoventes, parte de esos recursos habrían sido transferidos posteriormente a una empresa inmobiliaria de la familia del gobernador.
Los denunciantes sostienen que las operaciones bajo investigación podrían involucrar montos que van de los mil 400 millones a más de 2 mil millones de pesos. También afirman que parte de los recursos habrían terminado en cuentas en el extranjero. Sin embargo, dichas acusaciones aún forman parte del procedimiento y no han sido acreditadas por una resolución judicial.
Por su parte, Samuel García ha rechazado los señalamientos y sostiene que los hechos ya fueron revisados anteriormente por la Fiscalía estatal, la cual determinó no ejercer acción penal. El mandatario ha calificado el procedimiento como una estrategia política impulsada por sus adversarios.
Pese al avance del proceso, el gobernador continúa en funciones y conserva plenamente su cargo y fuero constitucional. La aprobación de la procedencia no implica una destitución inmediata, sino el inicio formal de la etapa de investigación y defensa.
El Congreso local emplazó al mandatario para que presente su respuesta el próximo 23 de junio, ya sea de manera personal, por escrito o a través de sus representantes legales. Posteriormente, la Comisión Anticorrupción deberá elaborar un dictamen que será sometido a consideración del Pleno.
Para que una eventual sanción prospere, incluida una posible destitución o inhabilitación, se requeriría el respaldo de al menos 28 de los 42 diputados que integran el Congreso de Nuevo León. Se prevé que la discusión final pueda llevarse a cabo durante un periodo extraordinario en agosto.
Mientras tanto, el equipo jurídico de Movimiento Ciudadano anunció que recurrirá a instancias federales para impugnar el procedimiento, al considerar que presenta irregularidades de origen.
