Comité étnico advierte que no permitirá desplazamientos en colonias irregulares
TULUM.— La postura asumida por la Agencia de Proyectos Estratégicos de Quintana Roo (AGEPRO) en torno al proceso de regularización de colonias en Tulum provocó una nueva confrontación con representantes de asentamientos que actualmente buscan certeza jurídica sobre sus terrenos.
El presidente del Comité General Étnico Pluricultural A.C., Atilano Arando Rejos, rechazó la manera en que la dependencia estatal expuso información cartográfica relacionada con diversas zonas del municipio y aseguró que no permitirán acciones que deriven en desalojos, reubicaciones o afectaciones a familias que llevan años habitando esos espacios.
El dirigente cuestionó que AGEPRO difundiera planos y delimitaciones territoriales sin antes instalar una mesa formal de diálogo con la asociación, señalando que antes de emitir cualquier postura pública debió revisarse la situación legal de los polígonos involucrados, donde —afirmó— existen posesiones y propiedades que forman parte del proceso de regularización.
Atilano Arando sostuvo que resulta contradictorio hablar ahora de presuntos traslapes territoriales cuando parte de la información técnica utilizada fue proporcionada por el propio comité, derivada de trabajos topográficos y de delimitación realizados por la organización.
Indicó que, en caso de existir propietarios legalmente acreditados dentro de colonias como Dos de Octubre y otros asentamientos, corresponde a las autoridades negociar directamente con ellos, dejando en claro que el comité no respaldará ninguna medida que implique reducir superficies o desplazar habitantes.
Asimismo, recordó que el Comité General Étnico Pluricultural A.C. cuenta con registro formal ante autoridades hacendarias para desarrollar acciones de apoyo a comunidades indígenas, por lo que consideró legítimo su acompañamiento a procesos de regularización territorial en distintas colonias de Tulum.
Como parte de la respuesta al conflicto, adelantó que la agrupación prepara una nueva ruta jurídica y política para presentar el caso ante instancias de los tres niveles de gobierno, buscando que se reconozca la cartografía elaborada por el comité y se otorgue sustento legal a las delimitaciones territoriales ya planteadas.
El dirigente afirmó que esta situación fortaleció la organización interna del comité y aseguró que existen más elementos para defender legalmente a los habitantes de las colonias involucradas. Reiteró que la regularización debe enfocarse en brindar certeza patrimonial y orden urbano, no en abrir la puerta a desplazamientos de población.
