Auditoría exhibe millonario despilfarro y fallas en centro migratorio de ICE en Texas
Redacción / Grupo Cantón Radio
Estados Unidos, 9 de junio del 2026.- Una auditoría de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos (GAO) reveló que el centro de detención para migrantes Camp East Montana, considerado el más grande operado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), abrió sus puertas sin cumplir estándares básicos de seguridad y generó millones de dólares en gastos innecesarios para los contribuyentes estadounidenses.
El informe, publicado tras una revisión de las operaciones del complejo ubicado en Fort Bliss, en El Paso, Texas, señala que la rápida expansión de la capacidad de detención impulsada por el gobierno estadounidense desde enero de 2025 derivó en decisiones apresuradas que afectaron la planeación, contratación y supervisión de la instalación.
De acuerdo con la auditoría, el Ejército de Estados Unidos y el ICE aceleraron la construcción y puesta en marcha del campamento mediante un contrato por 1.300 millones de dólares. Sin embargo, el modelo de contratación utilizado no contempló mecanismos para ajustar los costos a la cantidad real de personas detenidas, lo que provocó importantes desperdicios de recursos públicos.
La GAO documentó que el contrato obligaba al gobierno a pagar el costo total de alimentación y servicios para una capacidad de hasta 5 mil personas, aun cuando la ocupación era considerablemente menor. Como ejemplo, los auditores señalaron que entre el 1 y el 15 de agosto de 2025 se pagaron servicios completos de alimentación pese a que no había personas detenidas en el lugar.
Incluso a finales de febrero de 2026, cuando la población del centro rondaba los mil 600 migrantes, el gobierno continuaba cubriendo costos calculados para una ocupación mucho mayor. Según la auditoría, la incorporación de mecanismos de ahorro, como tarifas escalonadas para alimentos y servicios, podría representar decenas de millones de dólares en ahorros.
Además de los problemas financieros, el informe detectó deficiencias significativas en materia de seguridad y condiciones de operación. Camp East Montana inició actividades sin contar con elementos considerados esenciales para un centro de detención, entre ellos cámaras de vigilancia perimetral, espacios de recreación al aire libre y áreas adecuadas para visitas de abogados y familiares.
Los auditores señalaron que ICE tampoco realizó una inspección completa de las instalaciones antes de comenzar a alojar migrantes, pese a que este procedimiento es requerido por las políticas internas de la propia agencia.
Tras la apertura del complejo surgieron otros incidentes que encendieron las alarmas de los supervisores federales. Entre ellos destacan fallas en la prestación de servicios médicos, la pérdida de un arma de fuego cargada dentro de las instalaciones, condiciones consideradas insalubres y otros problemas operativos que, según la GAO, representaron riesgos tanto para las personas detenidas como para el personal encargado de la operación.
La revisión también revela que el contratista seleccionado inicialmente carecía de experiencia previa en la administración de centros de detención migratoria. Posteriormente, en abril de 2026, ICE rescindió dicho contrato y eligió una nueva empresa para operar la instalación. No obstante, los auditores advirtieron que los cambios no incluyeron medidas suficientes para reducir costos y mejorar la eficiencia operativa.
El informe surge en un contexto de incremento de las detenciones migratorias en Estados Unidos. De acuerdo con datos citados por la GAO, la población promedio diaria bajo custodia de ICE aumentó 71 por ciento entre enero de 2025 y abril de 2026, como consecuencia de las políticas de aplicación migratoria implementadas tras una orden ejecutiva emitida al inicio de la actual administración.
Ante los hallazgos, la GAO emitió cuatro recomendaciones dirigidas al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), al ICE y al Departamento del Ejército. Entre ellas destacan la implementación de controles para garantizar que nuevas instalaciones cumplan los estándares de detención antes de recibir mas personas bajo custodia y la adopción de mecanismos que permitan ajustar los gastos operativos a la ocupación real de los centros.
