Juez federal cancela el proyecto Alux 33 en Puerto Morelos
Patricia Vázquez / Grupo Cantón Radio
El Municipio no podrá usar dicha licencia para futuras autorizaciones de la obra
Puerto Morelos, 15 de junio de 2026.- La resolución ordena al Ayuntamiento dejar sin efectos el permiso otorgado al desarrollo y abstenerse de utilizarlo para futuras autorizaciones relacionadas con la obra.
El equipo jurídico de la asociación civil Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) obtuvo una resolución favorable que deja sin efectos la licencia de construcción del proyecto inmobiliario “Alux 33”, informó la abogada ambientalista Irma Morales Cruz.
De acuerdo con la especialista, el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, dentro del juicio de amparo 515/2025-IV, determinó que el Ayuntamiento de Puerto Morelos deberá dejar sin efectos jurídicos la licencia de construcción PM-1616 otorgada al desarrollo.
La resolución también ordena a la autoridad municipal abstenerse de utilizar dicho permiso para justificar futuras autorizaciones, prórrogas, regularizaciones, terminaciones u ocupaciones relacionadas con el proyecto inmobiliario.
Morales Cruz explicó que la sentencia reconoce la importancia de respetar los procedimientos de protección ambiental antes de autorizar desarrollos en ecosistemas considerados sensibles.
Según lo resuelto por el órgano jurisdiccional, la licencia de construcción fue emitida sin que la autoridad municipal verificara previamente la existencia de una autorización federal en materia de impacto ambiental, requisito establecido en la legislación aplicable para este tipo de proyectos.
La sentencia destaca además que el predio donde se pretende desarrollar Alux 33 se localiza en un ecosistema con presencia de vegetación de manglar, considerada un hábitat protegido por la legislación ambiental mexicana.
Por ello, el juzgado concluyó que cualquier proyecto de esta naturaleza requiere una evaluación ambiental previa por parte de las autoridades federales competentes antes de recibir autorizaciones para su construcción.
La resolución representa un nuevo revés para proyectos inmobiliarios promovidos en zonas ambientalmente sensibles de Quintana Roo y refuerza la obligación de las autoridades de garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.
