Tribunal frena proyecto en Playa del Carmen por falta de consulta pública
Redacción/ Grupo Cantón Radio
Un Tribunal Federal concedió un amparo a los habitantes del destino turístico y ordenó a la SEMA anular la autorización ambiental del proyecto San Mex por no realizar una consulta pública previa.
Cancún, 16 de junio de 2026.- La comunidad de Playa del Carmen obtuvo una importante victoria legal luego de que un Tribunal Federal concediera un amparo y ordenara a la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) de Quintana Roo revocar la autorización otorgada al proyecto denominado “San Mex”.
Este proyecto contemplaba la construcción de un centro de mantenimiento y una planta de tratamiento de aguas residuales en un predio ubicado en Playa del Carmen.
El resolutivo establece que la dependencia estatal incumplió con la obligación de realizar una consulta pública antes de aprobar el proyecto, vulnerando el derecho de la ciudadanía a participar y acceder a información relacionada con posibles impactos ambientales.
Por ello, el Primer Tribunal Colegiado, la SEMA deberá anular el resolutivo emitido dentro del Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA), abrir un proceso de consulta pública y posteriormente emitir una nueva resolución una vez que la población interesada haya tenido oportunidad de expresar su opinión.
La decisión representa un precedente relevante para Quintana Roo, al reforzar la obligación de las autoridades ambientales de garantizar mecanismos efectivos de participación ciudadana antes de autorizar proyectos con posibles afectaciones al entorno.
El caso fue impulsado por habitantes de Playa del Carmen con el acompañamiento del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), organización que celebró el fallo judicial.
Gustavo Alanís Ortega, director del CEMDA, destacó la relevancia de la resolución al señalar que “la consulta pública no es una formalidad que se pueda hacer después. Debe realizarse antes de autorizar cualquier proyecto que pueda afectar el medio ambiente”.
Además de ordenar la reposición del procedimiento, el tribunal advirtió que, en caso de desacato, los funcionarios responsables podrían enfrentar sanciones que van desde multas económicas hasta medidas más severas, incluida la separación del cargo.
