Dan prisión preventiva a Ernesto Ruffo por caso de presunto huachicol; lo envían al Altiplano
Redacción/ Grupo Cantón Radio
El exmandatario y otros siete implicados enfrentan una investigación por presunta delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos; un juez definirá en los próximos días si son vinculados a proceso.
Ciudad de México, 19 de julio de 2026.- Un juez federal ordenó prisión preventiva para el exgobernador de Baja California, Ernesto Guillermo Ruffo Appel, y otros siete presuntos implicados en una investigación por delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Tras una audiencia que se prolongó por varias horas, el Ministerio Público Federal consiguió que Ernesto “N”, Ricardo “N”, José “N”, Juan “N” y Luis “N” permanezcan recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1 Altiplano, en el Estado de México, mientras avanza la investigación.
En tanto, José María “N” y Guillermo “N” enfrentarán el proceso desde sus domicilios debido a problemas de salud, mientras que Adriana “N” permanecerá internada en el Centro Penitenciario de Nezahualcóyotl Sur.
Investigación por presunto contrabando de combustible
La FGR explicó que las detenciones derivan de una investigación realizada en coordinación con el Gabinete de Seguridad sobre una presunta red dedicada a la importación, distribución y comercialización irregular de combustibles.
Según la carpeta de investigación, el esquema consistía en ingresar hidrocarburos al país mediante declaraciones falsas o incompletas ante las autoridades aduaneras, reportando menores cantidades de combustible o registrándolo como otro tipo de mercancía para evitar el pago de impuestos.
Defensa solicita ampliación del plazo
Durante la audiencia, la defensa de los imputados solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que será en los próximos días cuando un juez determine si existen elementos suficientes para vincularlos a proceso.
La Fiscalía sostuvo que este tipo de operaciones representa un daño económico para el país y constituye una fuente de financiamiento para grupos delictivos dedicados al llamado huachicol fiscal.
