De la Búsqueda al Litigio: El Caso Fátima Expone Divisiones Entre Colectivos de Quintana Roo
Redacción / Grupo Cantón Radio
El caso de Fátima Aldana y su hija Emma, de tres años de edad, comenzó a mediados de agosto tras ser reportadas como no localizadas en Cancún. La situación detonó un conflicto legal que terminó exponiendo profundas divisiones entre colectivos de derechos humanos en la entidad.
Cancún, 27 de septiembre 2026.- En una primera instancia, el colectivo Madres Buscadoras de Quintana Roo A.C., liderado por María Patrón Pat, asumió el respaldo a Eliezer de Jesús Solís Arjona, padre de la menor. El padre denunció la desaparición de ambas tras alegar el incumplimiento de las convivencias fijadas por el Juzgado Oral Familiar Segundo.
Para exigir celeridad a las autoridades, el colectivo organizó diversas acciones de presión mediática y protestas en la vía pública. Entre ellas destacó el bloqueo registrado el pasado 9 de septiembre en el kilómetro cero de la Zona Hotelera de Cancún.
Las Posturas en Conflicto
La versión de la defensa del padre
En un posicionamiento público, Eliezer de Jesús Solís negó haber ejercido violencia familiar o económica contra su expareja. Sostuvo que su reclamo responde únicamente a su derecho de convivencia con su hija tras varias semanas sin verla.
Respecto a la detención e imputación de Iván Mondragón —el joven que alquiló un vehículo para trasladar a Fátima y a la niña hacia la Ciudad de México—, Eliezer deslindó al colectivo de responsabilidad directa. Aclaró que fue la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo la que obtuvo la ubicación del automóvil mediante rastreo GPS durante las investigaciones.
El señalamiento de violencia y la huida voluntaria
El caso dio un giro tras la difusión de un mensaje público de Fátima Aldana, quien aclaró que no se encontraba desaparecida. Explicó que huyó del estado de manera voluntaria junto a su hija para resguardarse de la violencia y amenazas que sufría por parte de su expareja.
Tras estas declaraciones, la defensa de Iván Mondragón sostuvo que el joven actuó de buena fe al prestar el servicio de traslado. Acusó al colectivo Madres Buscadoras de ejercer presión social sobre las autoridades para mantenerlo procesado y así forzar a Fátima a regresar a Cancún.
El Choque Entre Colectivos de Derechos Humanos
Señalamientos directos contra Madres Buscadoras
Blanca Araceli González, representante del colectivo Madres Sembradoras y de la asociación Entra en Acción A.C., exigió frenar la violación a los derechos de Fátima, de su hija y de Iván Mondragón. Afirmó que la violencia previa sufrida por la mujer fue la causa que la obligó a desplazarse.
González cuestionó duramente que un colectivo de búsqueda respalde una causa donde se presume violencia contra una mujer:
“Desafortunadamente, no debería pasar que una mujer tenga que huir porque vive violencia por parte de su expareja. La Fiscalía debería tomar cartas en el asunto para evaluar el daño y no incurrir en violaciones u omisiones […]
No debería existir violencia de mujer a mujer. No es la primera vez que actúan de esta manera y es una tristeza que siempre paguemos unas por otras. O te dedicas a apoyar a personas en situación de no localizadas, o te dedicas a apoyar a sabiendas de que hay quienes ejercen presión mediática para lograr la vinculación injustificada de una persona; eso no se vale”.
La Petición Formal de Revisión Legal y Estatutaria
Exigencia de transparencia y rendición de cuentas
Ante estos hechos, la organización Entra en Acción A.C. emitió un comunicado oficial dirigido a las autoridades de Quintana Roo. En él solicitaron una revisión jurídica y administrativa formal de la asociación civil Madres Buscadoras de Quintana Roo A.C.
El requerimiento pide verificar su acta constitutiva, sus estatutos y su situación dentro del Registro Estatal de Organizaciones Civiles. El objetivo es corroborar que sus actuaciones públicas correspondan con el objeto social que tienen legalmente autorizado.
Límite a las funciones de las asociaciones civiles
La asociación solicitante aclaró que no busca cancelar ni sancionar de forma anticipada al colectivo, sino garantizar la legalidad y evitar que las causas sociales interfieran con el trabajo jurisdiccional:
“Las asociaciones civiles tenemos derechos, pero también obligaciones. Ninguna organización debe estar por encima de la ley, ni utilizar una causa social para sustituir las funciones de las autoridades […]
Una asociación civil puede acompañar y defender derechos, pero no puede asumir funciones de Fiscalía, juzgado o autoridad administrativa. Los derechos humanos no tienen género, el debido proceso tampoco, y la justicia debe determinarse con pruebas y conforme a la ley, no mediante presión social”.
Finalmente, las organizaciones firmantes hicieron un llamado a los órganos de procuración e impartición de justicia para garantizar la presunción de inocencia, tutelar el interés superior de la niñez y evitar que presiones externas influyan en los procedimientos legales en curso.
