De decomiso histórico a combustible legal: Sheinbaum aclara caso de 59 millones de litros en Guanajuato
Redacción / Grupo Cantón Radio
La presidenta reconoció que la empresa involucrada tenía sus permisos en regla y que las irregularidades detectadas correspondían al transporte del combustible.
Ciudad de México, 21 de octubre de 2026.- El supuesto decomiso histórico de 59 millones de litros de combustible en Guanajuato, anunciado en septiembre como uno de los mayores golpes contra el huachicol, quedó sin sustento como caso de contrabando luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconociera que los hidrocarburos tenían un origen legal.
Durante su conferencia matutina de este miércoles, la mandataria explicó que la empresa involucrada en el operativo realizado en San José Iturbide contaba con los permisos correspondientes y presentó la documentación necesaria para acreditar la procedencia del combustible.
La investigación únicamente detectó irregularidades relacionadas con el transporte de algunas unidades que ingresaban a las instalaciones, situación que, de acuerdo con la presidenta, fue aclarada por la compañía.
Un decomiso que fue anunciado como histórico
En septiembre, autoridades federales realizaron un operativo en una planta de almacenamiento ubicada en San José Iturbide, Guanajuato, donde reportaron el aseguramiento de aproximadamente 59 millones de litros de hidrocarburos.
El volumen fue presentado inicialmente como un decomiso sin precedentes dentro de las acciones contra el robo y contrabando de combustibles en México.
Sin embargo, las investigaciones posteriores determinaron que la empresa tenía documentación para acreditar sus operaciones y que el combustible almacenado no constituía mercancía de procedencia ilícita.
La compañía involucrada, Grupo Simsa, sostuvo que contaba con los permisos correspondientes y que los hidrocarburos pertenecían a clientes autorizados para su comercialización.
Investigación derivó en cambios en la Fiscalía
La controversia también alcanzó a la representación de la Fiscalía General de la República en Guanajuato, donde el delegado Juan Francisco Vera Ayala fue relevado de su cargo después de detectarse anomalías relacionadas con el procedimiento.
El caso abrió cuestionamientos sobre la verificación de los aseguramientos y la información difundida inicialmente por las autoridades.
La aclaración presidencial ocurre mientras el Gobierno federal mantiene el combate al huachicol fiscal como una de sus prioridades en materia energética y de recaudación.
Aunque el operativo fue presentado originalmente como un golpe histórico al mercado ilícito, la revisión de la documentación modificó sustancialmente la interpretación de los hechos y puso en evidencia la importancia de confirmar la procedencia de los hidrocarburos antes de atribuirles un origen ilegal.
