Exhiben en la mañanera red de proveedores electorales con contratos millonarios en Quintana Roo
Redacción/Grupo Cantón.
Raquel Buenrostro reveló que empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas operan desde hace 27 años; el IEQROO otorgó al menos 45.7 millones de pesos a Cajas Graf entre 2022 y 2025.
Cancún, 5 de noviembre de 2026.– La investigación presentada este jueves por el Gobierno federal sobre una presunta red de corrupción en contrataciones electorales alcanzó a Quintana Roo, donde una de las empresas señaladas obtuvo contratos millonarios para suministrar materiales utilizados en las elecciones estatales y en el proceso extraordinario del Poder Judicial.
Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, reveló que un grupo de compañías relacionadas con los hermanos José Alfredo y Raimundo Francisco Hernández Casillas habría mantenido durante al menos 27 años un esquema de contratación con organismos electorales de diferentes entidades federativas.
De acuerdo con la funcionaria, las empresas vinculadas con ambos empresarios obtuvieron contratos superiores a 2 mil 600 millones de pesos en los periodos analizados, mediante procedimientos en los que presuntamente simulaban competir entre sí para asegurar las adjudicaciones.
Entre las compañías mencionadas figura Cajas Graf, que también fue contratada por el Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO).
IEQROO entregó 45.7 millones de pesos a Cajas Graf
Los antecedentes de contratación en Quintana Roo muestran que Cajas Graf obtuvo al menos dos adjudicaciones por un monto conjunto de aproximadamente 45 millones 699 mil pesos.
La primera corresponde a la licitación pública nacional IEQROO/LPN/007/2022, mediante la cual la compañía recibió un contrato por 29 millones 802 mil 439 pesos para elaborar y suministrar material electoral utilizado en los comicios estatales del 5 de junio de 2022.
En ese proceso se renovaron la gubernatura y las diputaciones locales, mientras el instituto era presidido por Mayra San Román Carrillo Medina.
La segunda adjudicación ocurrió en abril de 2025, durante la administración de Rubí Pacheco Pérez, cuando Cajas Graf obtuvo un contrato por 15 millones 897 mil 222 pesos para proporcionar materiales de la elección extraordinaria del Poder Judicial de Quintana Roo.
En ese mismo proceso de contratación, identificado con el número IEQROO/LPN/16/2025, la empresa Litho Formas recibió una adjudicación por aproximadamente 34 millones 798 mil pesos para imprimir documentación electoral. La memoria oficial del IEQROO confirma que el fallo de esta licitación se emitió el 14 de abril de 2025.
Buenrostro denuncia simulación de competencia y empresas fachada
Durante su exposición, Raquel Buenrostro explicó que la investigación permitió identificar compañías que compartían socios, representantes legales, domicilios, números telefónicos y vínculos familiares.
Según la funcionaria, estas empresas participaban en las mismas licitaciones, aunque presuntamente acordaban de antemano cuál presentaría la oferta económica más baja para obtener el contrato.
De esta manera, aunque formalmente existían varios participantes, los recursos terminaban beneficiando al mismo grupo empresarial.
Buenrostro también señaló que algunas compañías carecían de empleados registrados y de capacidad técnica suficiente, características que despertaron sospechas sobre su funcionamiento.
La investigación identificó, además, movimientos de recursos entre distintas sociedades y operaciones relacionadas con personas de edades extremas, lo que abrió líneas de investigación sobre posibles prestanombres, uso indebido de identidades y lavado de dinero.
UIF inmoviliza cuentas y amplía investigaciones
La presentación ocurre después de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunciara el bloqueo preventivo de 25 personas físicas y 15 empresas relacionadas con proveedores electorales.
Entre las personas identificadas en reportes sobre la medida se encuentran la expresidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei Zavala, y el empresario José Alfredo Hernández Casillas.
La UIF también presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investiguen las operaciones financieras detectadas y se determinen posibles responsabilidades.
Buenrostro explicó que las investigaciones incluyen información de la Plataforma Nacional de Transparencia y registros históricos de contrataciones públicas, por lo que los montos identificados podrían incrementarse conforme avancen las revisiones.
IEQROO revisa adjudicaciones desde 2014
Ante la controversia nacional, la consejera presidenta del IEQROO, Rubí Pacheco Pérez, ordenó revisar los expedientes históricos de adquisición de materiales electorales para tener disponible la documentación requerida por las autoridades fiscalizadoras.
La funcionaria ha señalado que las contrataciones realizadas durante su administración se apegaron a los procedimientos previstos en la normatividad institucional y que las adjudicaciones se efectuaron mediante licitaciones públicas.
Sin embargo, los nuevos señalamientos del Gobierno federal colocan bajo escrutinio los contratos realizados por los organismos electorales estatales, incluido el de Quintana Roo.
Hasta ahora, la existencia de contratos entre el IEQROO y las empresas mencionadas no demuestra por sí misma la comisión de delitos ni acredita responsabilidades de los funcionarios que intervinieron en los procedimientos.
Las autoridades federales deberán determinar si las operaciones detectadas constituyen irregularidades administrativas o conductas susceptibles de sanción penal.
