Quintana Roo registra 328 menores bajo resguardo del Sistema DIF
Redacción / Grupo Cantón Radio
En el marco del Día Mundial de la Adopción, cifras oficiales contabilizan 328 niñas, niños y adolescentes bajo resguardo en Centros de Asistencia Social de Quintana Roo, enfrentando procesos de liberación jurídica y baja adopción en adolescentes.
Cancún, 8 de noviembre de 2026.- En vísperas de la conmemoración del Día Mundial de la Adopción este 9 de noviembre, las cifras del sistema de asistencia social registran un total de 328 niñas, niños y adolescentes bajo el resguardo de Centros de Asistencia Social (CAS) en Quintana Roo, de los cuales 302 permanecen en albergues del Sistema DIF y 26 en instituciones de carácter privado.
La Secretaría de Salud y los organismos de protección a la infancia señalan que la institucionalización obedece a medidas cautelares derivadas de violencia intrafamiliar, omisión de cuidados o maltrato. Del total de la población infantil resguardada, únicamente una fracción cuenta con la condición jurídica de susceptibilidad de adopción —28 menores en registros de 2026—, mientras que otros 26 se encuentran en procesos judiciales de liberación de patria potestad.
Desbalance entre solicitudes y adopciones concretadas
Los registros de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia muestran que entre 2022 y finales de 2025 se formalizaron 61 adopciones en la entidad: 24 correspondieron a menores en albergues del DIF y 37 a integraciones por la vía de adopción familiar. Pese a recibir más de 100 solicitudes anuales de parejas o personas solicitantes, la preferencia por adoptar recién nacidos o menores de cinco años limita las oportunidades para grupos de hermanos y adolescentes.
El Cuarto Informe de Gobierno correspondiente al periodo 2025-2026 reportó 24 resoluciones de adopción plena concluidas ante juzgados familiares. Para agilizar los expedientes, Quintana Roo estableció en noviembre de 2024 un Juzgado Familiar de Primera Instancia Especializado en Adopción, enfocado en reducir los plazos de resolución sin descuidar las investigaciones del entorno del menor.
