Lili Campos ¿sabía que iban por ella? renunció a la fiscalía de CDMX seis días antes de su detención
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Lili Campos ¿sabía que iban por ella? renunció a la fiscalía de CDMX seis días antes de su detención

Redacción / Grupo Cantón Informa

Cancún, 21 de noviembre de 2026.- Roxana Lilí Campos Miranda sabia algo. Seis días antes de su detención, renunció a la Fiscalía contra el Narcomenudeo de la capital del país, puesto de alto rango dentro de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México

Grupo Cantón informa fue el primer medio en dar a conocer esta situación, en la transmisión especial generada desde grupo Cantón radio en Quintana Roo, en la mesa de análisis del caso, convocada por la titular de noticias, Irma Ribbon.

En ese enlace se estableció esta primera línea informativa, la cual se confirmó este sábado, donde la ex presidente municipal de Playa del Carmen, Lili Campos, dejo su puesto antes de ser detenida.

La exalcaldesa panista fue señalada como titular de la Fiscalía de Investigación del Delito de Narcomenudeo desde septiembre de 2026, bajo la administración de Bertha Alcalde Luján.

Sin embargo, su incorporación no estuvo acompañada de una presentación oficial pública ampliamente difundida por la institución capitalina, pese a la relevancia de una responsabilidad vinculada directamente con la persecución de delitos relacionados con las drogas.

El dato cobra especial importancia porque, de acuerdo con información obtenida por grupo Cantón informa de fuentes de la propia Fiscalía capitalina, Campos Miranda presentó su renuncia el pasado 13 de noviembre, apenas seis días antes de su detención, registrada el jueves 19 de noviembre.

Hasta ahora no se han dado a conocer públicamente las razones de su separación del cargo ni existe información que permita establecer una relación entre esa decisión y la investigación penal que enfrentaba en Quintana Roo.

La captura ocurrió a las 19:47 horas sobre la calle Emiliano Zapata, en las inmediaciones de la Cámara de Diputados, dentro de la alcaldía Venustiano Carranza. El operativo fue ejecutado por agentes de investigación de Quintana Roo, con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en cumplimiento de una orden de aprehensión por su probable participación en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.

Pero detrás de la detención existe una investigación relacionada con contratos de servicios públicos que, según la Fiscalía General del Estado, habrían provocado un perjuicio económico superior a 62 millones de pesos al Ayuntamiento de Solidaridad, actualmente Playa del Carmen.

Los señalamientos se concentran en tres licitaciones públicas otorgadas entre 2022 y 2024 para el lavado especializado de vehículos oficiales de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales. Las cifras reportadas por la autoridad ministerial exhiben inconsistencias que forman parte de la investigación.

El gobierno municipal contaba con apenas 123 vehículos, pero los registros llegaron a reportar hasta 865 lavados durante un solo mes, equivalentes a un promedio de siete servicios mensuales por unidad. La empresa beneficiada con los contratos disponía únicamente de 15 trabajadores, mientras los reportes señalaban actividades continuas, sin días de descanso.

A estas irregularidades se suma la presunta falta de comprobantes fiscales digitales que acreditaran los servicios de los primeros contratos. Pese a ello, según la Fiscalía, continuaron los pagos sin que existiera documentación suficiente para comprobar las erogaciones millonarias.

La investigación también coloca bajo revisión la actuación de otros servidores públicos de la administración municipal, quienes tenían la responsabilidad de verificar el cumplimiento de los contratos, supervisar los servicios y comprobar la legalidad de los pagos efectuados con recursos públicos.

Los señalamientos no se limitan a estos contratos. En febrero de 2026, la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo reportó, de acuerdo con los antecedentes difundidos sobre el caso, observaciones pendientes de solventar por más de 84 millones de pesos correspondientes a la cuenta pública de 2023. Esta cantidad constituye un señalamiento administrativo distinto y no debe sumarse automáticamente al monto investigado penalmente.

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