Gobierno exhibe red de proveedores electorales que opera desde hace 27 años; investiga contratos millonarios
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Gobierno exhibe red de proveedores electorales que opera desde hace 27 años; investiga contratos millonarios

Redación/Grupo Cantón Radio

Raquel Buenrostro reveló que empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas obtuvieron contratos por más de 2 mil 600 millones de pesos y enfrentan investigaciones por presunta simulación de licitaciones y operaciones financieras irregulares.

Ciudad de México, 5 de noviembre de 2026.— El Gobierno de México presentó este jueves una investigación sobre una presunta red empresarial que durante al menos 27 años habría concentrado contratos millonarios para suministrar materiales a organismos electorales del país, mediante un esquema de compañías relacionadas entre sí que simulaban competir en licitaciones públicas.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, explicó que la investigación permitió rastrear los antecedentes de los empresarios José Alfredo y Raimundo Francisco Hernández Casillas hasta su paso por dependencias federales durante la década de 1980.

La funcionaria señaló que, entre 2014 y 2023, empresas vinculadas con ambos hermanos obtuvieron contratos por más de 2 mil millones de pesos en 23 de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

Agregó que, entre 2024 y 2025, las mismas redes empresariales consiguieron otros 646 millones de pesos en contrataciones realizadas por 15 organismos electorales estatales.

De acuerdo con Buenrostro, estas cantidades representan únicamente los contratos identificados en fuentes abiertas, por lo que podrían incrementarse conforme avancen las auditorías.

De funcionarios de Gobernación a proveedores electorales

La investigación presentada por Buenrostro señala que los hermanos Hernández Casillas comenzaron su trayectoria profesional en la Secretaría de Gobernación, donde estuvieron vinculados con el Registro Nacional de Población (Renapo) y posteriormente con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

La secretaria identificó a Juan Carlos Padilla Aguilar como una figura relevante en los primeros años de la trayectoria de los empresarios, debido a que coincidieron en distintas instituciones gubernamentales.

Posteriormente, los hermanos incursionaron en el sector privado y comenzaron a constituir empresas proveedoras de materiales electorales. Según la exposición oficial, en 1999 la compañía Cartonera Plástica ya participaba en contrataciones del Instituto Electoral del Estado de México.

Buenrostro recordó que en 2005 se produjo un escándalo relacionado con contrataciones electorales en esa entidad, que derivó en la renuncia de siete consejeros.

La funcionaria sostuvo que las operaciones empresariales continuaron y se extendieron a diferentes estados del país, incluso después de la reforma electoral de 2014.

Empresas habrían simulado competencia para ganar licitaciones

Uno de los principales hallazgos presentados por la Secretaría Anticorrupción consiste en los vínculos entre distintas compañías que participaban como competidoras en procedimientos de contratación.

De acuerdo con Buenrostro, las empresas compartían accionistas, representantes legales, administradores y relaciones familiares, lo que presuntamente les permitía coordinar sus ofertas económicas.

La secretaria explicó que esta estructura habría facilitado que los contratos quedaran dentro del mismo grupo empresarial, aunque formalmente se presentaran varias propuestas.

Entre las firmas mencionadas durante la conferencia se encuentran Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Seriplast de México y otras sociedades relacionadas con los hermanos Hernández Casillas.

Asimismo, la funcionaria señaló que algunas de las compañías investigadas no reportaban empleados ni capacidad técnica suficiente, mientras otras compartían domicilios y números telefónicos.

Investigan posible triangulación de recursos y operaciones de lavado de dinero

Buenrostro informó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigan movimientos económicos asociados con estas compañías.

Según explicó, las autoridades identificaron transferencias entre múltiples sociedades que podrían haber sido utilizadas para dificultar la identificación de los beneficiarios finales de los recursos.

En algunos registros aparecen personas de 18 y hasta 96 años de edad, circunstancia que, de acuerdo con la funcionaria, obliga a investigar posibles casos de prestanombres o utilización indebida de identidades.

La secretaria indicó que los patrones financieros detectados presentan características que las autoridades asocian con esquemas de facturación irregular y posible lavado de dinero.

Estas observaciones forman parte de investigaciones en curso y no constituyen, por sí mismas, una determinación judicial de responsabilidad penal.

UIF inmoviliza cuentas vinculadas con proveedores electorales

La presentación ocurre un día después de que la UIF anunciara la incorporación de 25 personas físicas y 15 personas morales relacionadas con proveedores electorales a la Lista de Personas Bloqueadas, tras identificar operaciones financieras con elementos de riesgo.

Entre las personas señaladas en reportes periodísticos se encuentran la expresidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei Zavala, y los hermanos Hernández Casillas.

La medida es de carácter preventivo y no representa una sentencia ni una declaración definitiva de culpabilidad.

Por otra parte, la Auditoría Superior de la Federación anunció una revisión histórica de las contrataciones efectuadas por el extinto Instituto Federal Electoral, el INE y los organismos electorales locales entre 2000 y 2025.

Buenrostro aclaró que la fiscalización y, en su caso, las sanciones administrativas o penales deberán desarrollarse mediante las autoridades competentes, respetando la autonomía constitucional del INE.

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que los hallazgos permiten observar que el entramado empresarial no surgió durante la gestión de Guadalupe Taddei, sino que tiene antecedentes que se remontan a finales del siglo pasado.

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