Ley Solimán busca frenar irregularidades inmobiliarias en Quintana Roo
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Ley Solimán busca frenar irregularidades inmobiliarias en Quintana Roo

La iniciativa ciudadana propone proteger a compradores de vivienda y reforzar las responsabilidades de desarrolladores y autoridades ante proyectos irregulares.

Roger Mora / Grupo Cantón Radio

Tulum, 12 de noviembre de 2026.- Ante el crecimiento del sector inmobiliario y las irregularidades detectadas en distintos municipios de Quintana Roo, la iniciativa ciudadana denominada Ley Solimán busca fortalecer la protección de los compradores de vivienda, garantizar condiciones dignas de habitabilidad y establecer mayores responsabilidades para desarrolladores y autoridades que incumplan las disposiciones legales.

Guillermo D’Cristy explicó que la propuesta forma parte de un paquete de iniciativas ciudadanas presentadas ante el Congreso del Estado, cuyo objetivo es promover un desarrollo urbano ordenado y proteger los recursos naturales de la entidad.

La Ley Solimán plantea impedir la comercialización de desarrollos inmobiliarios que no cumplan con los requisitos legales, así como fortalecer los mecanismos de supervisión para garantizar que las viviendas cuenten con servicios básicos e infraestructura adecuada.

Además, contempla reforzar las consecuencias legales para quienes participen en proyectos irregulares, incluidos los servidores públicos que incumplan sus obligaciones o permitan desarrollos fuera de la normativa vigente.

D’Cristy señaló que esta propuesta se complementa con otras tres iniciativas: la Ley Tajamar, enfocada en la protección de manglares, cenotes y humedales; la Ley Poctapoc, orientada a promover un crecimiento urbano responsable, y la iniciativa de Movilidad Sustentable, que busca mejorar las condiciones de transporte y desplazamiento en las ciudades de Quintana Roo.

Con estas propuestas, los promoventes buscan fortalecer el marco legal estatal frente a la expansión inmobiliaria, reducir las irregularidades en nuevos desarrollos y garantizar que el crecimiento urbano se realice bajo criterios de legalidad, habitabilidad y protección ambiental.

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