Rocha Moya también tiene vínculos con el CJNG, señala Mexicanos contra la Corrupción
Redacción/ Grupo Cantón Radio
La organización expuso transferencias del Gobierno de Sinaloa a una empresa señalada por Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Ciudad de México, 2 de julio de 2026.- Una empresa pública del Gobierno de Sinaloa realizó transferencias por 678 mil 900 pesos a Ahavat Logistics Solutions, firma señalada recientemente por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), reveló una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
De acuerdo con el periodista Raúl Olmos, director de investigación de MCCI, las operaciones fueron realizadas en abril de 2024 por Precasin, una empresa estatal de Sinaloa dedicada a obras y construcción, durante la administración del entonces gobernador Rubén Rocha Moya.
Según la investigación, se identificaron tres transferencias bancarias dirigidas a Ahavat Logistics Solutions, compañía que, de acuerdo con autoridades estadounidenses, forma parte de una red relacionada con operaciones de huachicol fiscal y presunto lavado de dinero.
“Este es el primer hallazgo de una cuenta de Banorte que revisamos de documentos internos de Precasin, donde hay referencias de estas transferencias realizadas tan solo en tres operaciones en abril de 2024”, explicó Raúl Olmos durante una entrevista con la periodista Azucena Uresti.
El señalamiento cobra relevancia debido a que el pasado 30 de junio el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Ahavat Logistics Solutions dentro de una lista de empresas presuntamente vinculadas con actividades financieras del CJNG.
Olmos indicó que aún no existe claridad sobre el concepto específico de los pagos realizados por el gobierno sinaloense. Sin embargo, planteó dos posibles escenarios: que los recursos correspondieran a la compra de combustible o que se tratara de operaciones simuladas.
No se especifica los servicios, pero es obvio que al tratarse de una comercializadora de combustibles, una posibilidad es que se trate del abasto de combustibles o que se trate de una factura simulada.
El periodista añadió que, tras la alerta emitida por las autoridades estadounidenses, las instituciones financieras mexicanas tendrían la obligación de reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), instancia que podría iniciar una investigación para determinar el alcance de las transferencias y verificar si existieron más operaciones similares.
La investigación también destaca que el Gobierno federal informó recientemente sobre el congelamiento de cuentas relacionadas con empresas señaladas por el Departamento del Tesoro, en el marco de la cooperación entre autoridades financieras de México y Estados Unidos.
Hasta el momento, ni el Gobierno de Sinaloa ni Rubén Rocha Moya han emitido una postura pública sobre las revelaciones.
